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20.Jul.2013 / 07:35 pm / Haga un comentario

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Un total de 720 privadas de libertad del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) y 610 del Internado Judicial de Los Teques, ubicados en el estado Miranda, fueron atendidos en el plan Cayapa judicial, como parte de la lucha que emprende el Ministerio para el Servicio Penitenciario contra el retardo procesal.

La información fue suministrada por la ministra del referido organismo, Iris Varela, durante una rueda de prensa, en la que detalló que también se realizaron 128 evaluaciones psicosociales en el Inof y 128 en el Internado Judicial de Los Teques.

Manifestó que, aunque el plan Cayapa Judicial intensiva cierra este sábado, el trabajo continuará durante todo el mes de julio y anunció que giró instrucciones para que se realicen actas sobre todo el trabajo que se adelante en estos dos centros penitenciarios.

En la actividad, que se desarrolla en ambos recintos, participan 156 funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario, así como 46 jueces, 12 fiscales, 20 defensores públicos y 3 médicos forenses.

Varela dijo que con las cayapas judiciales en los mencionados centros, iniciadas el martes pasado, se combate uno de los problemas más sentidos por la población penitenciaria: el retardo procesal.

“Queremos profundizar la solución de los graves problemas que aquejan a la población privada de libertad, que por distintos motivos se encuentra recluida en estos recintos”, expresó Varela.

Resaltó el trabajo que realiza el Gobierno Nacional en materia penitenciaria y recordó que en los gobiernos de la cuarta República era imposible que se realizaran actos similares al plan Cayapa Judicial.

“En la cuarta República a nadie se le ocurría hacer un trabajo de esta naturaleza, caracterizado por la solidaridad, por el humanismo, las exigencias y los valores fundamentales de nuestro pueblo”, agregó la Ministra.

Ratificó el compromiso de cambiar la situación penitenciaria en Venezuela con planes de trabajo similares a la Cayapa Judicial, cuyo método de trabajo es abordar principalmente a las personas mayores, con problemas de salud y con retardo procesal penal.

Tomado de: Prensa Presidencial MINCI

 

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